Día Internacional del Derecho a la Verdad
El derecho a la verdad “se refiere a la obligación de los Estados de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares o a la sociedad en su conjunto sobre las circunstancias en que se cometieron violaciones graves de los derechos humanos” (Naqvi, 2006, p.1).
El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, señalando como uno de sus principales objetivos la “importancia de promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia”.
No obstante, algunos autores señalan que el acceso al derecho a la verdad no sólo va de la mano del derecho al acceso a la justicia y el derecho a recursos eficaces y a la reparación que tienen las víctimas, sus familiares o la sociedad en general, sino que contribuye a restablecer y mantener la paz, facilitar los procesos de reconciliación, contribuir a erradicar la impunidad, reconstruir identidades y dejar constancia de los hechos históricos.
Si bien en América latina la intervención de organismos internacionales ha visibilizado, cada vez con mayor urgencia, la necesidad de hacer valer dichas garantías, es en la historia reciente de México que podemos encontrar diferentes acontecimientos y grupos de la sociedad civil que ponen en duda la eficacia de los gobiernos federales frente a las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas.
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En la década de 1970, durante el periodo conocido como la “guerra sucia” el gobierno mexicano implementó una serie de métodos represivos en contra de las organizaciones y personas opositoras al régimen. Los mecanismos utilizados iban desde golpizas y la tortura hasta la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Ante la negativa del gobierno federal acerca de la existencia de estrategias de eliminación política, la sociedad civil –comandada, principalmente, por familiares de las víctimas– conformó organizaciones que demandaban verdad, justicia y reparación, dedicándose, por muchos años, a indagar acerca de los crímenes cometidos por el Estado.
En 2007 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) presentó el Informe Histórico a la Sociedad Mexicana (IHSM), en el cual reconocían la falta de acceso a la información y nula cooperación de las instituciones involucradas a las que se enfrentó dicho organismo para la investigación de los hechos del pasado, y finalmente denunciaba que el derecho a la verdad de la sociedad había sido vulnerado con el ocultamiento y manipulación de la información.
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Carlos Piedra. Archivo Histórico del Comité ¡Eureka!, Museo Casa de la Memoria Indómita (M68 6354)
En 2001, el gobierno federal anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. La respuesta de los pobladores fue una clara oposición a ser despojados de sus terrenos manifestando su descontento públicamente y conformando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Ante esta situación, el 3 y 4 de mayo de 2006 el gobierno del estado de México llevó a cabo un operativo con, aproximadamente, 2500 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) cometiendo graves violaciones a los derechos humanos al causar la muerte de 2 jóvenes, la detención arbitraria de 217 personas y la tortura física y sexual de 26 mujeres.
Los acontecimientos no fueron correctamente investigados, por las autoridades mexicanas, pese a las denuncias de las personas afectadas. En 2011 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado mexicano, y en noviembre de 2020 se ordenó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregar el expediente de los agentes involucrados en el caso Atenco a la Fiscalía de la República para que se realicen las investigaciones correspondientes.
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Cristina Híjar. Acervo Cristina Híjar Arte y Movimiento Social, CENidIAP/INBA (M68 5347)
Un ejemplo más podría ser la noche del 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron atacados por un grupo armado en la ciudad de Iguala, Guerrero, dejando un saldo de 6 personas asesinadas, 40 personas heridas y 43 estudiantes desaparecidos. La fabricación de diversas narrativas acerca de lo ocurrido, pero sobre todo, la presentación de la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) fue el hecho que destapó, irónicamente, la impunidad, ocultamiento y violación de los derechos humanos que acompañaron este caso desde el inicio.
Tras a la intensa movilización de los padres de los 43 estudiantes, así como la de asociaciones civiles y de organismos internacionales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue posible demostrar que la fabricación de falsas narrativas obstaculizó el acceso a la verdad sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.
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El acceso a la información para las víctimas, familiares, activistas y sociedad en general es el primer paso para garantizar la justicia, reparación y no repetición de las violaciones a los derechos humanos en un estado democratico y de derecho.
